Llana Consultores, asesoría fiscal en Asturias especializada en orientación laboral, legal y financiera expone los puntos más relevantes sobre las nuevas medidas integradas en la Nueva Ley de Contratos del Sector Público, publicadas en el BOE el pasado 9 de noviembre y que serán de obligado cumplimiento a partir del 9 de marzo de este mismo año.
La apuesta por la transparencia es una de las grandes novedades del nuevo reglamento. Entre los puntos más destacados se encuentran medidas que permiten la reducción de cargas administrativas, la simplificación de los trámites y en consecuencia favorecer y mejorar el acceso a las pequeñas y medianas empresas. En este sentido, la ley será más estricta y rechazará aquellas ofertas que son demasiado bajas o que no cumplan las normas en materia medioambiental, laboral o social.
Otra de los temas importantes y que suponen un gran avance en materia de transparencia y calidad respecto a la Ley anterior es la apuesta clara por prevenir la corrupción. En este sentido, de cara a proteger mejor a los subcontratistas, existe por un lado, la opción de que sea la Administración la que les page directamente y por otro lado está también la obligatoriedad de factura electrónica. Con el fin de evitar y prevenir prácticas corruptas, se establece también la creación de una oficina independiente que supervisará los contratos y garantizará la libre concurrencia.
Asimismo, otro de los cambios fundamentales de los que informa también la consultoría de compra y venta de empresas, Llana Consultores tiene que ver con la modificación de la Ley del Impuesto del Valor Añadido (IVA). La reforma referida a las subvenciones que las Administraciones Públicas otorgan para financiar servicios públicos, tiene el objetivo de no repercutir en el pago de este impuesto.
La reforma de la Ley de Contratación Pública de 2018 también añade grandes mejoras en proyectos sociales, más concretamente enfocadas a los Centros Especiales de Empleo o de Inserción. A partir del 9 de marzo estos centros podrán incluir una reserva de contratos que permita la inclusión laboral de personas con discapacidad de hasta un 10% del volumen total.
