Según indican en Serviasistentes, "son más de 2,5 millones de personas en nuestro país las que tienen alguna dificultad para desplazarse, de los cuales un aterrador 42% se ven obligados a pasar muchos días sin salir a la calle debido a que en su edificio no realizan las reformas necesarias para que puedan moverse sin dificultades. Y lo que es aún peor, un 4% viven completamente recluidos en su hogar".
El Informe, cuyo nombre oficial es ‘Movilidad reducida y accesibilidad del edificio’, y ha sido realizado encuestando a 2.001 personas que sufren problemas asociados a su movilidad entre el 2 y el 12 de abril, revela que la razón principal se encuentra en que el 18% de los edificios en los que residen personas con movilidad reducida no tienen ascensor.
"No obstante, existe otra razón por la que estos edificios no son adaptados, y es que en aquellos casos en los que la persona no vaya en silla de ruedas sino que utilice algún sistema de apoyo, como bastones, andadores, muletas o que simplemente tenga un andar inestable, son habitualmente ignorados por los propietarios", explican en Serviasistentes.
Ni que decir tiene que existen leyes al respecto que obligan a las comunidades de propietarios a garantizar una total accesibilidad al edificio, de modo que de no adaptar o reformar los elementos convenientes, podría correrse el riesgo de recibir una demanda por parte de un vecino que sufra problemas de movilidad al respecto con todo el amparo de la normativa vigente.
"Es también desgarrador que, según indica el estudio, las comunidades en las que conviven un mayor número de vecinos son aquellas que menos han realizado alguna adaptación o reforma al edificio en aras de ofrecer a sus propietarios una accesibilidad completa. Y lo que es más, el que peor ejemplo da al respecto es el propio Estado, habida cuenta de que sólo el 0,6 edificios públicos ofrece una adaptabilidad completa a sus visitantes", afirman.
Por eso, no extraña que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU le haya sacado los colores a España por no cumplir las promesas que hizo en lo que se refiere a la accesibilidad, a través de un Real Decreto de 2013 en el que se comprometía a conseguir la accesibilidad universal de sus instalaciones a finales de 2017.
"Eso sí, en defensa de España aunque sólo sea por consuelo, otros países europeos como Alemania, con un 1.5%, o Suecia, con un 2.5%, que también hicieron promesas al respecto, tampoco lo están haciendo de perlas. Así que aunque un 0.6% parezca poco, aún estamos a tiempo de ponernos las pilas", concluyen.
