La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ha sido ampliamente reconocida como el proceso más participativo de la historia de las Naciones Unidas. Como consecuencia directa del proceso inclusivo adoptado para su definición, se ha convertido en uno de los instrumentos más completos y poderosos para el desarrollo sostenible. A diferencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que son la “lista de tareas pendientes del mundo para poner fin a la pobreza, reducir las desigualdades y hacer frente al cambio climático” en la Agenda 2030, incorporan una amplia gama de principios y normas de derechos humanos en todos sus objetivos.
En este documento, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) realizó un trabajo extraordinario para demostrar cómo los ODS abarcan todos los aspectos de los derechos humanos, incluidos los derechos económicos, civiles, culturales, políticos y sociales, así como el derecho al desarrollo. La importancia de comprender la relación entre los ODS y los derechos humanos no es meramente ilustrativa, sino más bien una manera de fortalecer la rendición de cuentas de los Estados respecto a sus compromisos con un enfoque del desarrollo basado en los derechos humanos y con los propios ODS.
Esto es especialmente pertinente, pues, si bien la Agenda 2030 no es un instrumento jurídicamente vinculante, las convenciones y los pactos internacionales de derechos humanos son, de hecho, instrumentos vinculantes del derecho internacional. Por un lado, estos instrumentos fundamentales de derechos humanos son supervisados a nivel mundial por sus respectivos comités de expertos independientes en el marco del denominado “sistema de órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos”. Por otra parte, en la mayoría de los casos, también se puede invocar estos instrumentos a nivel nacional y se utilizan como herramientas valiosas para los derechos humanos de las personas.
La potenciación de los mecanismos de derechos humanos en la implementación de los ODS
Los ODS y el sistema de derechos humanos se refuerzan mutuamente: mientras que el segundo aporta el carácter vinculante y, lo que es más importante, los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas, los ODS dan visibilidad a los derechos y evidencian el enfoque indivisible necesario en todos los aspectos múltiples de los derechos humanos, además de integrar “personas, planeta, prosperidad, paz y colaboración” para el logro del desarrollo sostenible.
Cuando se analizan desde la perspectiva de los instrumentos de derechos humanos existentes, muchas de las metas de los ODS pasan de ser un objetivo o una aspiración para convertirse en derechos inmediatos. En este sentido, la implementación de los ODS puede ser mucho más efectiva si está guiada por un enfoque de derechos humanos y si se consideran las conclusiones y recomendaciones de los órganos de tratados mundiales y regionales, así como de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH).
De hecho, los órganos locales, regionales y mundiales de derechos humanos pueden emplearse para asegurar que las políticas y los programas nacionales para la implementación, supervisión y presentación de informes de los ODS responden a un enfoque basado en los derechos humanos: la variedad de mecanismos de derechos humanos pueden proporcionar datos valiosos, y en ocasiones desglosados, para alimentar los procesos de toma de decisiones y de presentación de informes, y las instituciones que lideran los procesos de derechos humanos pueden ser un puente útil entre los gobiernos y los diferentes grupos vulnerables de la sociedad. Dado que existen desde hace décadas, estos órganos también pueden ofrecer lecciones importantes para la inclusión de la sociedad civil organizada en los procesos de los ODS.
Los ODS y los derechos humanos se manifiestan en diversos ámbitos de la vida humana, y la armonía entre estas dos agendas solo puede beneficiar los esfuerzos gubernamentales para el logro de ambas. Si hay una mayor colaboración entre la agenda para el desarrollo sostenible y los mecanismos de derechos humanos existentes, se garantizará la coherencia y se evitará la duplicación de los esfuerzos a nivel nacional. También se mejorará la rendición de cuentas y se garantizará que los Estados utilizan todos los instrumentos disponibles para proteger los derechos de las personas a las que prestan servicio.
